“El miedo lo encontrás hasta el día de hoy”

La represión que sufrieron trabajadores y trabajadoras durante el terrorismo de Estado dejó sus secuelas en la actualidad. Así lo observa Alejandra Esponda, autora del libro “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” publicado por la Editorial Universitaria en 2016.

Este informe estudia la responsabilidad que tuvo un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina (1976-1983). “La investigación lo que hace es poner en relieve ciertas vinculaciones y nexos, lo cual fue parte de un plan que tuvo un objetivo”, aclara.
Esponda es graduada de la UNaM, docente en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, investigadora en FLACSO, doctora en antropología e hija de desaparecidos. Su padre estudiaba en La Plata donde conoció a su madre, ambos fueron detenidos; ella pudo salir, él permanece desaparecido. Hoy Alejandra también milita en la organización H.I.J.O.S. y continúa investigando sobre estos temas tan duros en la historia argentina.
El trabajo comenzó en 2014 y 2015 con 20 investigadoras/es y cuatro instituciones (la Secretaría de Derechos Humanos, el programa Verdad y Justicia, el CELS y FLACSO). Se investigaron 25 empresas con el objetivo de establecer cuál había sido se participación en la represión a trabajadores/as.
Actualmente, el material se puede descargar libremente en Internet. Se entregaron ejemplares a abogados, distintos organismos, bibliotecas de universidades, entre otros. Además, esta investigación fue de utilidad en causas judiciales y significó una reparación para las comunidades al restituir cierta verdad sobre sucesos que estuvieron ocultos durante años.
Sobre los juicios vinculados a la responsabilidad de las empresas, Esponda expresa: "Lamentablemente todo lleva mucho tiempo, hay muchos avances y muchos retrocesos, y se postergan los juicios sistemáticamente. Hay otras causas que tuvieron muy buenos resultados, como la de Ford con el juicio y condena a los directivos de la empresa. Ahora hicieron presentaciones para tratar de revertir el resultado de la causa pero todo indicaría que la condena va a ser histórica”.
Esponda comenta que desde el comienzo de los juicios en 1984, ya se escuchaban testimonios de sobrevivientes señalando esos vínculos y responsabilidades de las empresas con la última dictadura cívica militar y la participación de los propios empresarios en el Terrorismo de Estado.
“Cuando uno empieza a investigar es impresionante el tipo de información y documentos que muestran los vínculos entre las fuerzas militares y las empresas, vínculos desde reuniones, pases de información, aportes económicos y logísticos para la represión y hasta otros vínculos que tenían que ver con el propio lugar de trabajo, que daban la posibilidad que las fuerzas militares operaran y secuestraran a quienes según las empresas tenían que secuestrar y no cualquier trabajador/a”, agrega la antropóloga.
En general, describe Esponda, gran parte de los y las trabajadores secuestrados tenían militancia sindical dentro de la planta o participaban dentro de sus propias agrupaciones políticas y eran delegados/as sindicales, “habían participado en huelgas, se habían enfrentado a otras fuerzas sindicales con las que no estaban de acuerdo, habían tenido una activa participación dentro de esas empresas, y por eso habían sido señalados”.
Sobre las secuelas de ese plan represivo en la actualidad, la investigadora sostiene que “no solamente fue una mayor concentración económica, sino también tuvo sus consecuencias en el lugar de trabajo con una disminución de la conflictividad sindical y una transformación de las relaciones laborales muy impactante. El miedo que generó en las comunidades todo este proceso, es un miedo que lo encontrás hasta el día de hoy”.
Y describe que “hay estructuras que siguen siendo muy poderosas. Eso hace que muchas familias todavía sigan vinculadas a esas empresas, en términos económicos su supervivencia depende de eso. Entonces, las empresas cuidan mucho que esto no se divulgue y no se investigue. Por eso cuesta la denuncia en los propios territorios porque es algo que tiene consecuencias. Hay historias que recién ahora, para el propio sujeto que las vivió, se están pudiendo clarificar y ser públicas”.
Por otro lado, a partir de la dictadura, se habilitaron formas de contratación, de flexibilización y tercerización laboral que han afectado las posibilidades de organización sindical para el acceso a los derechos laborales. “Siempre hubo tercerización pero a partir de la década del 70 se profundiza esta tendencia que fue habilitada por las nuevas reglamentaciones surgidas con la dictadura y después profundizadas en la década del 90 y es una tendencia que fragmenta al colectivo laboral y genera disputas”, advierte la antropóloga.
Como docente, Esponda considera que “la universidad tiene un rol muy importante y que hay que seguir pensando y reflexionando sobre estas cuestiones en las aulas con nuestros estudiantes. Es una historia parteaguas de la historia argentina, que realmente ha impactado, incluso en una profundidad de la que ni siquiera llegamos a ser del todo conscientes”.

// Nota publicada en el Nexo Universitario N°10 disponible en este link: https://unam.edu.ar/index.php/66-noticias/noticias-inicio/440-la-10-edicion-del-nexo-universitario-esta-disponible-para-descargar